Solo un consenso entre administraciones puede alumbrar soluciones profundas a la altura de la grave crisis habitacional
El Gobierno ha anunciado esta semana un nuevo paquete de medidas sobre la vivienda que incluirá una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler al renovar los contratos. Este año vencen 630.000 contratos firmados durante la pandemia de la covid-19 —según datos del Ministerio de Consumo— y la espiral del m...
ercado de alquiler en los últimos años hace pensar que se van a encarecer notablemente para cientos de miles de inquilinos. La medida, cuya letra pequeña todavía se desconoce, ha abierto una brecha con el socio minoritario de la coalición de Gobierno, Sumar, que considera que la rebaja fiscal es una medida injusta e ineficaz que solo contribuirá a agrandar la desigualdad entre caseros e inquilinos.
El Ejecutivo presenta la iniciativa como una medida “pragmática” para garantizar que el parque de vivienda en alquiler, ya de por sí insuficiente para atender la demanda, no se desboque definitivamente este año. Se decide a intervenir en el mercado con incentivos fiscales para los propietarios. La anterior estrategia fue el control de precios contemplado en la Ley de Vivienda de 2023, que se ha aplicado de forma muy limitada porque las competencias son autonómicas y el PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, rechaza de plano el concepto. Desde la formación del Gobierno de coalición a finales de 2019, la política de vivienda ha sido uno de los asuntos centrales de la disputa interna, fruto de dos posiciones dispares sobre cómo intervenir el mercado, en especial en el alquiler. Este enfrentamiento, y el rechazo de otros socios de investidura como Podemos, ponen en cuestión la convalidación de un futuro decreto con estas medidas en el Congreso.
