Los ministerios de Vivienda y Hacienda negocian cómo combinar beneficios y desincentivos fiscales para promover una contención de los precios
El Gobierno estudia dar un importante giro a su política fiscal en materia de vivienda y pasar del premio a una mezcla de recompensa y castigo. Tras varios años apostando únicamente por rebajas en el IRPF de los caseros para así incentivar comportamientos como el abaratamiento de los alquileres, el Ejecutivo sopesa ahora utilizar el impuesto sobre la renta también como herramienta de penalización para quienes suban los precios. Una combinación de palo o zanahoria en un mercado caracterizado por unas rentas de arrendamiento que están en niveles récord y por una demanda residencial cada vez más desbordada.
La idea se encuentra todavía en fase inicial y de debate técnico interno, pero algo ha cambiado en La Moncloa para que, por primera vez, se ponga sobre la mesa la posibilidad de usar el IRPF para desincentivar ciertas conductas que, en un contexto de mercado tensionado, se consideran perjudiciales. Según avanzan fuentes conocedoras de la iniciativa, y confirman a este periódico en los ministerios de Vivienda y de Hacienda, el plan del Gobierno pasa por modular a la baja la reducción general del 50% que actualmente pueden aplicarse en el IRPF todos los arrendadores con personalidad física. En España son algo más de dos millones de personas, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. La penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley.
