Cada vez más deportados llegan a Guatemala tras haber firmado una salida voluntaria desde Estados Unidos con la promesa de una compensación económica a cambio de renunciar al derecho a defender en un tribunal su caso migratorio
Cuando el 19 de diciembre del 2025, Luis Andrés Monterroso López, de 29 años, pisó por primera vez en tres años el suelo guatemalteco, estaba muy enfadado. Vestido con un mono gris y pantuflas azul oscuro, el uniforme de los migrantes detenidos en Estados Unidos, hablaba con su madre por teléfono, sentado en el exterior de la sede de la Fuerza Aérea de Guatemala, donde aterrizan los vuelos de los deportados. “Ni a los animales los tratan así. Vine amarrado de pies y manos”, le contaba, indignado.
En la bolsa de plástico con su nombre y el número de identificación que le dieron en el centro de detención de Alvarado, en Texas, tenía dos hojas: el documento de salida voluntaria y un papel con instrucciones para cobrar 1.000 dólares (853 euros). La cantidad era una especie de bonificación que los agentes del ICE, el servicio de control de inmigración y aduanas de EE UU, prometen a migrantes detenidos sin antecedentes penales, a cambio de que acepten su salida voluntaria.
