Miles de ciudadanos de otros países, como cubanos, haitianos o venezolanos, están siendo enviados por el Gobierno Trump a territorio mexicano, donde quedan atrapados sin poder regularizarse
En el supuesto paraíso de Cancún, a Jean, un haitiano deportado desde Estados Unidos a México a finales de octubre de 2025, lo consume la frustración y la impotencia. Llegó originalmente a Villahermosa, trasladado a la capital de Tabasco por las autoridades migratorias mexicanas en un bus desde la frontera norte, donde pasó de las manos de un gobierno direc...
tamente a las del otro. El momento en el que se bajó del autobús en el sur de México, sin embargo, fue el último en el que tuvo un acompañamiento oficial en el país, abandonado a su suerte en un lugar donde no conoce a nadie y ni siquiera habla el idioma. “Solo están mandando a la gente aquí. No están ayudando en nada. Y luego, cuando intentas hacer algo por ti mismo, es un problema. No sé cómo explicarlo, pero es una locura”, dice, desesperado, por teléfono Jean, nombre ficticio de este hombre de 33 años, que teme que hablar públicamente afecte sus procesos legales tanto en México como en Estados Unidos.
El caso de Jean es uno de miles de lo que se conoce como deportaciones a terceros países: una práctica que consiste en expulsar a personas a países que no son los suyos. No es ilegal, pero era muy poco común hasta que la Administración de Donald Trump la comenzó a impulsar agresivamente. De acuerdo a un informe del Congreso, el actual Gobierno republicano ha gastado más de 40 millones de dólares para enviar a unos cuantos cientos de migrantes a países tan lejanos como Sudán del Sur o el pequeño reino africano de Esuatini; un costo promedio de 130.000 dólares por persona deportada. Sin embargo, esos cálculos no incluyen el destino más común: México.
