Aun cuando sus hijos no están en la casa de San Miguel del Padrón, en La Habana, donde crecieron, sino a cientos de kilómetros de distancia en el centro de detención Eloy, de Arizona, Zaida Martínez prefiere que estén en Estados Unidos que en manos del Gobierno cubano. “Para una madre, lo mejor siempre va a ser ...
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tener a los hijos a su lado”, asegura la mujer, de 57 años. “Pero yo tengo muchísimo miedo de que sean devueltos a Cuba. Lo digo con gran dolor en mi corazón, pero que se queden allá antes de que se los lleven aquí presos”.
Liosmel Sánchez —25 años, exestudiante de la carrera de Medicina y, según su madre, “más abierto en cuanto a expresar sus sentimientos e ideas”— y Liosbel Sánchez —28 años, técnico medio en Informática y, de acuerdo a la mamá, “más reservado, pero muy cariñoso y sociable”— habían asistido a su cita el pasado 20 de mayo ante la corte de inmigración en la ciudad de Phoenix, al suroeste del país. No era la primera vez que se presentaban ante el juez y todo siempre estuvo en regla: como beneficiarios de CBP One, entraron a Estados Unidos con el permiso temporal conocido como parole a finales de 2024, no presentaban ningún historial criminal y, por si fuera poco, tenían un justificado caso de asilo político ante las autoridades estadounidenses.
