Una coalición de ONG lleva a los tribunales el pacto por el que Estados Unidos pagó 4,4 millones de euros al país africano a cambio de que recibiera migrantes que fueron expulsados sin acceso a un juicio, algunos de ellos tras haber cumplido sus condenas
Casi un centenar de personas se apiñaron en la sofocante sala del Tribunal Superior una mañana de principios de octubre en Mbabane, capital de Esuatini, llenando los bancos de madera e invadiendo los pasillos. Todas ellas habían acudido para escuchar la decisión del juez Titus Mlangeni, sobre si aceptar a deportados extranjeros de Estados Unidos a cambio de millones de dólares viola la propia Constitución del país, una cuestión que ha consumido a este reino sin litoral, antes conocido como Suazilandia, durante meses.
El juez determinó que el caso planteaba cuestiones constitucionales lo suficientemente graves como para justificar su revisión por parte del presidente del Tribunal Supremo y el pleno de magistrados. El pleno se reunió el pasado 3 de noviembre y aplazó su fallo a una fecha indeterminada.
Sin embargo, que jueces estén estudiando la inconstitucionalidad de la recepción de deportados ha sido visto como una victoria significativa para los activistas y abogados que han pasado meses impugnando un acuerdo de deportación que, según ellos, se firmó en secreto, eludiendo al Parlamento, y convirtió a su país en lo que un crítico denominó “un vertedero para los indeseables de EE UU”.
