Una llamada desde una cárcel de Eswatini despertó a la familia Mosquera en la madrugada del viernes 1 de agosto. Era Roberto Mosquera del Peral (La Habana, 58 años), uno de los cinco hombres ―de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen― deportados por el Gobierno de EE UU a este país africano, antes conocido como Suazilandia, a mediados de julio. Jessica Canoto, su sobrina, escuchó la voz de Mosquera al otro lado del teléfono. “No pudo hablar mucho, nada más nos dejó saber que estaba bien. Hasta entonces, no sabíamos si estaba vivo o muerto”, cuenta Canoto a EL PAÍS por teléfono desde Miami. El Gobierno estadounidense acusa a su tío de ser “un delincuente extranjero peligroso con un pasado violento”, según palabras de un portavoz del ICE, y sostiene que estuvo condenado por asesinato en primer grado y por agresión agravada, robo de vehículo, fuga para eludir a las autoridades y conducción temeraria.
Mosquera, que llegó a EE UU a los 13 años en medio del gran éxodo de El Mariel, estuvo dos veces en prisión, entre 1989 y 1996 y entre 2010 y 2012, según figura en un informe del Departamento Correccional de Florida. Mosquera fue detenido en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, el 16 de junio. Un mes después, el 14 de julio, fue deportado “en cumplimiento de una orden administrativa definitiva de expulsión”, según el portavoz del ICE, a Eswatini. Este es un pequeño país al sur de África, con apenas 1,2 millones de habitantes y gobernado por una monarquía absoluta y en el que ocurren diversas violaciones a los derechos humanos que, de hecho, están documentadas por el Departamento de Estado de EE UU en sus informes anuales. En el reporte de Eswatini, se mencionan casos de detenciones arbitrarias y homicidios por motivos políticos, torturas y tratos crueles por parte de las fuerzas de seguridad y hacinamiento y pésimas condiciones sanitarias en las prisiones.
