La ultraderecha busca presentar al PP como una formación más preocupada por los inmigrantes que por los nacidos en España
Isabel Díaz Ayuso no se ha quedado indiferente tras el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. La líder madrileña llevaba tiempo cortejando al votante latino, apelando a la idea de hispanidad o al “Madrid de todos los acentos” como guiño a la nueva realidad demográfica en su región. Sin embargo, la ultraderecha ha logrado generar contradicciones en ese relato, forzando al PP a defenderse e incomodando nada menos que a Ayuso....
Se pudo intuir con la rapidez con la que reaccionó la presidenta de Madrid tras hacerse público el pacto por parte de María Guardiola: afirmó que la “prioridad nacional” de la que habla Vox no era legal. Por un lado es cierto que, en general, no se puede discriminar por nacionalidad en el acceso a servicios públicos —sanidad, educación…— o para la obtención de ayudas. Por otro, el matiz está en los requisitos administrativos. Por ejemplo, el PP asume en el acuerdo extremeño la exigencia de 10 años de empadronamiento para acceder a la compra de una vivienda pública, y cinco para el alquiler, además de otorgar puntos por arraigo (trayectoria de cotización o familiares en la región). Ahora bien, podría darse el caso de que un nacido en el extranjero cumpliera los requisitos y accediera antes a la vivienda que un catalán recién llegado a Cáceres, dejando las presumibles intenciones del pacto de Vox en papel mojado, paradójicamente.
