La democracia no puede permitir que el revisionismo de los crímenes de la dictadura distorsione hechos probados y juzgados
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar que derrocó al Gobierno constitucional de Isabel Perón e inauguró la última dictadura en Argentina. La fecha, que desde hace dos décadas se conmemora como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, llega en un contexto político enrarecido, atravesado por discursos revisionistas desde el poder, intentos de relativizar el terrorismo de Estado con la promoción de una presunta “memoria completa” de lo ocurrido y una creciente disputa sobre el sentido mismo de lo que pasó entre 1976 y 1983.
La dictadura que se instauró aquel día no fue un paréntesis trágico ni una deriva descontrolada. Fue un sistema de poder que organizó la represión como política de Estado. Secuestros, torturas, desapariciones, centros clandestinos, apropiación de niños. La violencia no fue un exceso: fue el método. El objetivo no era solo eliminar a quienes el régimen consideraba enemigos, sino reconfigurar la sociedad a través del miedo.
Esa caracterización no descansa únicamente en la memoria colectiva o en el trabajo de organismos de derechos humanos. Descansa, sobre todo, en la justicia. Argentina construyó, con avances y retrocesos, un andamiaje judicial que permitió investigar, probar y condenar esos crímenes como delitos de lesa humanidad. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y más tarde el indulto presidencial a los jerarcas del régimen intentaron clausurar ese camino, pero su posterior anulación y la reapertura de los juicios consolidaron algo más que un consenso moral: una verdad jurídica.
