El país suma 34 días con un cierre presupuestario parcial por la falta de acuerdo político para limitar el poder de los agentes del ICE
Mientras Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas de Oklahoma, está a un paso de hacerse con las riendas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la mayoría de las agencias que dependen de él están sin recursos desde el pasado 14 de febrero. Ese día se ordenó el cierre fiscal porque el Senado no logró aprobar una ley de asignación de fondos para la agencia. Desde entonces, más de 100.000 funcionarios esenciales de los servicios secretos, la agencia de seguridad en el transporte, seguridad aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional, entre otros, están trabajando sin cobrar.
La discrepancia entre republicanos y demócratas para aprobar una ley que establezca límites a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza tiene bloqueados los fondos del DHS desde hace 34 días. Sin esa ley, que busca equiparar el control sobre los controvertidos agentes migratorios con otras policías federales, los demócratas no desbloquearán la financiación del DHS. Tampoco se vislumbra un desenlace cerca.
