Diez meses después de anunciarse el interés de Indra por la firma, el Gobierno alumbra la gravedad de un conflicto de interés que minimizó inicialmente
Abril de 2025. Indra, compañía de referencia en el sector de la defensa, desliza su interés por el pujante grupo español Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group). A nadie escapa que el presidente de Indra, Ángel Escribano, afronta un conflicto de interés galopante en tanto copropietario y fundador de la firma que se pretende adquirir. Aplicado el conveniente maquillaje en la gobernanza, los implicados entonan un sentido pelillos a la mar. El Gobierno -que controla el 28% de Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- decide mirar para otro lado y defender las bondades de la transacción por tierra, mar y aire. Todo sea por la seguridad nacional. Hasta que, en febrero de 2026, según adelanta El Confidencial, inopinadamente, todo detona y la presidenta de la SEPI, Belen Gualda, en pleno consejo de administración, manda parar.
Diez meses después de iniciada la saga, la oficina que preside Manuel de la Rocha, gurú económico de Sánchez y demiurgo entre bambalinas de gran parte de las conexiones establecidas en esta legislatura entre el poder político y económico, parece descubrir, de repente, como si se tratase de una iluminación, que tras el caso Escribano se esconde un cristalino e inasumible conflicto de interés. Como en Rick’s, aquí se juega. En un giro de guion in extremis, la familia Escribano planteó este jueves al consejo de administración finiquitar la fusión con el fin de ganar tiempo y conservar por ahora la presidencia de Indra. La SEPI había enviado con anterioridad una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que condicionaba el futuro de la operación al adiós de Ángel Escribano.
