La promesa de mejoras en la red ferroviaria es una primera asunción de responsabilidades por la tragedia de Adamuz
El reconocimiento por parte del presidente del Gobierno de que hay que elevar los niveles de exigencia en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria es un primer paso para hacerse cargo políticamente de las consecuencias de la tragedia de la alta velocidad en Adamuz, que el pasado 18 de enero le costó la vida a 46 personas en dos trenes. Aquel accidente, junto con el de cercanías de Barcelona dos días después, ha provocado una crisis de confianza sin precedentes en el funcionamiento de los trenes españoles, aparte de una disrupción del servicio que ha alterado la vida de miles de usuarios. Los ciudadanos tenían que escuchar a Pedro Sánchez.
Sánchez adelantó desde la tribuna la mejora de los protocolos ferroviarios para que una tragedia como la de Adamuz no se repita. En su comparecencia, vino a transmitir la idea de que en Adamuz todo se hizo correctamente, pero se produjo “una fatalidad” porque los actuales protocolos “no son infalibles” y no existe la seguridad al 100%. Es pronto para dar esa versión a los ciudadanos. Las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apuntan la hipótesis de que hubiera un fallo en la soldadura de una vía que derivó en una rotura al paso del tren Iryio que descarriló y produjo la secuencia fatal: la invasión de la vía contraria exactamente en el momento en el que pasaba otro tren en sentido contrario a 200 kilómetros por hora. La magnitud del accidente fue una fatalidad. La rotura de una vía, no. Hay que esperar a los informes técnicos.
