Los politólogos coinciden en que el ‘caso Salazar’ hace más daño al PSOE que la corrupción. El PP retoma la estrategia de negar las denuncias de acoso sexual presionado por Vox
“Absolutamente nadie del PP me ha ofrecido durante estos meses un mínimo gesto de comprensión. Ni una sola llamada”, declaró Nevenka Fernández, exconcejal popular del Ayuntamiento de Ponferrada en la rueda de prensa posterior a la condena de su acosador, el alcalde Ismael Álvarez, la primera contra un político por ese delito. Era el año 20O2. Antes del juicio, el entonces secretario general de los populares, Javier Arenas, calificó el asunto como “de naturaleza privada”. En sus declaraciones como testigos, compañeros del consistorio ...
y del partido acusaron a la víctima de “hacer teatro”, incluso de haberse presentado a propósito con mal aspecto el día que anunció la denuncia ―“Estaba desarreglada. Se preparó para la ocasión”, declaró Juan Elicio Fierro, concejal de Urbanismo― y criticaron su trabajo en el Ayuntamiento.
Casi 24 años después, tras revelar EL PAÍS que una concejal del PP de Móstoles había abandonado la política ante el desamparo de su partido cuando denunció un supuesto acoso, el secretario general de los populares en Madrid, Alfonso Serrano, ponía en duda sus “capacidades” como edil y aseguraba que el caso obedecía a “una vendetta personal y política”. Previamente, según los documentos presentados ante el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, la vicesecretaria de Organización del partido en Madrid, Ana Millán, le había advertido que no le convenía denunciar ―“¿Tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?, porque yo creo que no”― y le recomendó: “Vete a casa, habla con tu marido”.
