El debate mundial sobre los adolescentes y las redes sociales ha virado por fin para hacer responsables a las compañías de los efectos nocivos
Los estudios más fiables apuntan a que uno de cada diez adolescentes presenta un uso problemático de redes sociales y uno de cada tres está en riesgo de cruzar esa línea. Como con los adultos, la frontera entre hábito y dependencia se vuelve difusa, y las consecuencias son tangibles: más espacios para el bullying, más presión sobre la autoimagen, alteraciones del sueño, peor rendimiento escolar.
La percepción de que existe un problema generalizado ha hecho saltar el debate al terreno político y las últimas iniciativas se centran en establecer una edad mínima para usar redes sociales. Australia ha optado por un enfoque contundente: obligar a las plataformas a impedir que los menores de 16 abran una cuenta, una medida que ya se ha puesto en marcha. Francia avanza hacia la prohibición por debajo de 15 años. El Reino Unido explora cómo vetar el acceso a contenidos nocivos, mientras otros países, de Irlanda a Noruega, discuten ya en sus parlamentos establecer límites de edad. La alternativa a la prohibición es compleja: la verificación de edad. Mientras Europa aterriza un marco normativo en torno al reglamento de servicios digitales, numerosos países, España entre ellos, intentan desarrollar sistemas para confirmar la edad de los internautas y usuarios, con escaso éxito por ahora.
