Los extranjeros que requieren protección internacional se debaten entre seguir con un proceso atascado o acogerse al nuevo decreto
A las diez de la noche, unos disparos contra la casa colmaron la paciencia y el miedo de la familia de Zenayda Serrano, acostumbrada a meses de acoso con tipos armados frente a su puerta y en el colegio de su hija menor, en El Salvador de Nayib Bukele. Las llamadas a la policía ya no servían, nadie venía en defensa del matrimonio de abogados ambientalistas que había peleado contra la extracción de oro y minería metálica, consiguiendo una prohibición en todo el país. Agarraron sus cosas y con el apoyo de organizaciones de refugiados acabaron en el valle de Arratia, Bizkaia. Allí viven desde hace nueve meses en un alojamiento de acogida con sus dos hijas y ayuda para la alimentación. Con su proceso de asilo sin resolver y a punto de solicitar cita para prorrogarlo, ha llegado la regularización de medio millón de migrantes que ofrece ahora el Gobierno, una lotería para muchos extranjeros que a la familia de Zenayda le representa un dilema: seguir con la solicitud de protección internacional o tratar de regularizar su vida de otra forma. “Es un gran dilema, sí, nos alegramos mucho por todos los que tienen ahora una puerta abierta para conseguir sus derechos y un salario justo, pero nosotros necesitamos que se reconozca que hemos huido de un país que no respeta los derechos humanos y tenemos documentación robusta para demostrarlo”, dice Zenayda por teléfono desde el País Vasco.
