El Ejecutivo calca la propuesta que el PSOE presentó en el Congreso en mayo para renovar los multiplicadores que gravan la transmisión de inmuebles
El Gobierno ha aprovechado el real decreto ley aprobado en la víspera de Navidad para actualizar los coeficientes del impuesto de plusvalía municipal. Es un ajuste técnico que suele hacerse en los Presupuestos Generales del Estado ―prorrogados desde 2023― y que introduce cambios relevantes en la forma en que se gravan las transmisiones inmobiliarias. En esta ocasión, el nuevo esquema replica en su totalidad la propuesta que el grupo socialista registró el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados, cuando presentó una batería de cambios fiscales pensada para descongestionar el mercado de la vivienda. Así, los nuevos coeficientes refuerzan la tributación de las viviendas que se venden pocos años después de su compra —que en algunos casos podrían entenderse como operaciones especulativas— y reducen los impuestos de las transmisiones tras largas décadas de tenencia.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía municipal, se calcula aplicando unos coeficientes máximos al valor catastral del suelo, en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la posterior venta, herencia o donación del inmueble. Estos indicadores los fija el Estado, y posteriormente los ayuntamientos, que son los que ingresan el tributo, pueden aplicarlos o rebajarlos a través de sus ordenanzas municipales. En la teoría, gravan la ganancia extra que supuestamente brinda la revalorización del suelo donde radica la vivienda.
