La falta de alternativas para los migrantes tras el mayor desahucio colectivo de España deja escenas de pobreza extrema en Badalona y una sensación de dejadez
El B9, un antiguo instituto de Badalona, ha sido lo más parecido a una casa para cientos de migrantes. Forzados siempre a moverse a golpe de desalojo —de asentamiento a nave, de nave a local—, habían encontrado en las viejas aulas de secundaria un refugio más o menos estable. Pero nada es para siempre. Después de más de dos años allí, retoman el itinerario de la miseria. El miércoles, el Ayuntamiento de Badalona ejecutó con la bendición judicial uno de los mayores desalojos colectivos de España, y eso que ya solo quedaban la mitad de las 400 personas que convirtieron el B9 en el mayor asentamiento informal de Cataluña, un pueblo autónomo dentro de la ciudad. La inmensa mayoría ha quedado en la calle, sin ninguna alternativa por parte de los poderes públicos y sin que eso parezca importarle demasiado a las administraciones, empezando por la local, que ha abordado el asunto como un problema de delincuencia.
“¿Nos habéis echado de casa para esto? ¿Esta es la imagen que queréis?“ se encaraba el viernes Mamadou a los agentes de policía que acudieron para desmantelar el campamento al aire libre que, tras el desalojo, habían levantado con tiendas de campaña un centenar de ocupantes. El sábado, las tiendas volvían a estar montadas, pero bajo la autopista C-31, que divide la ciudad, para protegerse de las intensas lluvias. La sensación de abandono de los migrantes del B9, símbolo de una pobreza extrema que arraiga, silenciosa, en los márgenes, es absoluta. No entienden la expulsión de un recinto que, con todas sus carencias y conflictos, habían hecho suyo: se dotaron de agua y electricidad, habilitaron espacios comunes y convirtieron las aulas en habitaciones.
