La magistrada da luz verde al Ayuntamiento de Badalona por “riesgos para la seguridad” y pese a que el consistorio admite que no dará alternativas a los 166 ocupantes atendidos por servicios sociales
El futuro del antiguo instituto público B9, el mayor asentamiento informal de migrantes de Cataluña, acaba de decidirse este jueves después de dos años y medio de ocupación. La jueza ha accedido a la petición del Ayuntamiento de Badalona de entrar y expulsar a los 400 subsaharianos que malviven en el centro. La magistrada da un plazo de 15 días al consistorio para que lleve a cabo un desalojo perseguido con ahínco por el alcalde, Xavier García Albiol (PP), según la resolución a la que ha accedido EL PAÍS. La luz verde judicial llega pese a que el consistorio ha admitido que no puede dar, ni siquiera a las 166 personas bajo seguimiento de servicios sociales, una alternativa “de naturaleza residencial” porque “no tiene capacidad” de hacerlo.
El Ayuntamiento había pedido el desalojo “urgente”. La Fiscalía no se había opuesto, pero lo había condicionado a que se diera “un recurso habitacional” a quienes lo necesiten. Pese a la respuesta oficial del consistorio a la jueza, Albiol ha matizado, en conversación con este diario, que puede ofrecer “algún tipo de solución transitoria” (hotel, pensión) a unas 30 personas, las más vulnerables del colectivo. La resolución que autoriza la entrada exige que se siga “el protocolo de asistencia para personas sin techo” y que el Ayuntamiento informe de sus gestiones. La resolución también autoriza la entrada “de miembros y fuerzas de orden público” si es necesario.
