El Ayuntamiento de Badalona admitió ante la jueza que no dispone de un protocolo para atender a las personas sin hogar
La gestión por parte del Ayuntamiento de Badalona del desalojo, el pasado diciembre, del instituto B9 —convertido en el mayor asentamiento informal de inmigrantes de Cataluña—, fue objeto de duras críticas por parte de entidades y partidos políticos. El gobierno de Xavier Garcia Albiol (PP) no ofreció ninguna alternativa a los desalojados, muchos de los cuales estuvieron durmiendo debajo de una autopista durante semanas, en plenas fiestas navideñas, hasta que el Govern y las entidades, ante la inacción municipal, se pusieron las pilas. La Fiscalía se ha sumado ahora a esas críticas en un duro escrito, al que ha accedido EL PAÍS, en el que concluye que Badalona incumplió el auto judicial que, bajo una serie de condiciones, había autorizado el desalojo del B9.
El 4 de diciembre, una jueza de Barcelona autorizó el desalojo del B9, un antiguo instituto donde malvivían más de 400 inmigrantes (la mayoría, de origen subsahariano). Garcia Albiol, que vinculaba a los ocupantes con la delincuencia en la zona, perseguía desde hacía años el desalojo y lo ejecutó el 17 de diciembre, a las puertas de navidad. La resolución de la jueza indicaba que la actuación debía llevarse a cabo “siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales”.
