Las abogadas solicitan la medida con urgencia para evitar que se lesionen derechos de los cerca de 400 ocupantes
Las abogadas de los migrantes que viven en el antiguo instituto B9 de Badalona han jugado una última baza para evitar que el Ayuntamiento les expulse: han elevado este miércoles al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una petición de medida provisional urgente para frenar el desalojo. Un juzgado de Barcelona autorizó la semana pasada al consistorio, liderado por Xavier Garcia Albiol, a entrar en las instalaciones y expulsar a las casi 400 personas que viven allí desde hace dos años y medio. La jueza dio un máximo de 15 días para ejecutar el lanzamiento, que se efectuará previsiblemente en los próximos días.
El texto presentado ante el TEDH pide al tribunal que decrete la suspensión del desalojo “hasta la decisión definitiva sobre la existencia de violación” de diferentes aspectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y del Protocolo nº 4 al Convenio por parte del Ayuntamiento de Badalona, como los relativos “al derecho a la vida y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes”. Entre otras, las abogadas también recogen “violaciones del derecho a la vida privada y familiar”, así como del derecho “a no sufrir discriminación, en relación con las declaraciones con sesgo racista” que observan en el alcalde de Badalona.
