Por el bien de la confianza institucional hubiera sido deseable que el fallo fuera indiscutible, previsible y muy convincente
Sin duda, será una sentencia histórica. Se trata de una condena sin equivalentes previos. Lo cierto es que tampoco hay precedentes sobre demasiadas cuestiones relacionadas con el proceso contra el Fiscal General del Estado. Resulta notorio que se producen centenares de filtraciones al año en nuestros juzgados y fiscalías; sin embargo, nunca antes un juez o un fiscal había sido incriminado por esos hechos. Por otro lado, el Tribunal Supremo jamás se había dividido para resolver si debía celebrarse un juicio, pero en este caso se formuló un voto particular discrepante, de enorme contundencia, en el sentido de que no había la más mínima base indiciaria para que Álvaro García Ortiz se sentara en el banquillo de los acusados.
Además, este procedimiento se ha convertido en un codiciado caballo de batalla en el ámbito de la descomunal crispación política existente en nuestro país. Y estas situaciones ponen a prueba la solidez de cualquier sistema institucional. Los órganos del Consejo de Europa llevan lustros advirtiendo de que en España existen injerencias partidistas peligrosas en el sistema de acceso a los altos tribunales y en la configuración de la Fiscalía General del Estado. Sus reiteradas recomendaciones sobre reformas institucionales no han sido escuchadas hasta ahora.
