La odiosa costumbre de divulgar el fallo de las sentencias antes de haber sido redactadas provoca la inquietud a una parte de la sociedad que en absoluto preveía un fallo adverso al fiscal general
Tengo por costumbre no comentar las resoluciones judiciales hasta que no son conocidas en su integridad, y en el caso de la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado ―se dice pronto―, voy a hacer exactamente lo mismo. Tampoco comento los múltiples cotilleos que suelen existir sobre el sentido de una sentencia, ni antes ni después de haber sido dictada....
Esas intrigas y cábalas, que han existido desde hace muchos meses en este caso, creo que no ayudan a conservar algo que como ciudadano debería importarle a cualquiera: la imagen de independencia de la Justicia. Y es que para que se produzcan esos cotilleos, intrigas y cábalas tiene que haber magistrados indiscretos, y eso es algo que ofende a cualquier persona que cree en las instituciones y tiene un mínimo sentido de Estado. Por consiguiente, voy a limitarme a comentar solamente dos hechos muy llamativos en este caso, y que no ayudan, en absoluto, a la conservación de esa imagen de institucionalidad.
El primero es que hace meses, muchos periodistas hicieron una predicción que critiqué expresamente. Decían entonces que de los siete magistrados designados para juzgar al fiscal general del Estado, cinco eran conservadores y dos progresistas, con nombres y apellidos. Incluso alguno se atrevió a decir que los primeros votarían por la condena y los segundos por la absolución. Pues bien, exactamente así ha ocurrido. Hartos estamos de ver cómo los vocales del Consejo General del Poder Judicial votan por bloques, cuando precisamente ese órgano existe para ayudar a preservar la independencia del poder judicial, o al menos así lo cree, todavía, el Consejo de Europa. También hemos visto, desde hace mucho tiempo, dividido en dos pedazos al Tribunal Constitucional, con dos bandos señalados muy reiteradamente por el periodismo. En alguna ocasión, hasta vocales de dicho consejo y magistrados del Tribunal Constitucional se han colocado a sí mismos esas rúbricas de “conservador” o “progresista”. Alguien pensará que es bueno que lo hagan, pero personalmente no lo creo así. EE UU, en este caso y últimamente en demasiados otros, es un mal espejo en el que mirarse. Y no sirve a la imagen de independencia que debe conservar la Justicia, que sus servidores se vayan poniendo camisetas. Cabe sentir miedo ―o incluso terror― a que ese cáncer se haya extendido ahora al Tribunal Supremo.
