Una inspección fiscal determinó que se había usado un esquema financiero para hacer que la propia aerolínea aportase los fondos para su compra
La primera privatización de la aerolínea portuguesa TAP salió rana. Ocurrió en 2015 y, diez años después, ha conducido a 25 registros en las oficinas de la compañía, así como en varios despachos de abogados, empresas y entidades públicas relacionadas con aquella venta al consorcio Atlantic Gateway. El Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la Fiscalía, que dirige las pesquisas sobre posibles delitos de corrupción, fraude y admin...
istración dañosa, entre otros, no ordenó ninguna detención al finalizar los registros del martes, pero sí ha declarado “arguidos” (imputados) a dos sociedades y dos personas, cuya identidad no desveló en una nota emitida a última hora, aunque el canal de televisión Now afirmó que se trataba del empresario Humberto Pedrosa y su hijo David, dueños del grupo Barraqueiro.
Pedrosa se asoció al empresario brasileño David Neeleman en el consorcio Atlantic Gateway, elegido por el Gobierno presidido por Pedro Passos Coelho (Partido Social Democráta, centro derecha) para venderle el 61% de la aerolínea, que arrastraba una difícil situación financiera hace una década. La crisis asociada a la pandemia y el cambio político en el Gobierno, con la llegada del socialista António Costa, acabarían provocando una renacionalización de TAP. Para salvarla de la quiebra, el Estado acabaría invirtiendo 3.200 millones de euros en ayudas públicas.
