La reciente vista oral en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido clave y novedosa
Ha desmadejado el catálogo de sospechas, inferencias y prejuicios contrarios a la presunción de inocencia acumulados en la fase anterior del procedimiento, la de instrucción a cargo del polémico Ángel Hurtado. Que perfiló una mera “obra de ficción”, según la caracterizó, en un incidente de apelación, el famoso voto particular exculpatorio del magistrado Andrés Palomo. Por eso ahora dispone
l-supremo-ante-su-gran-decision.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-11-13/visto-para-sentencia-el-juicio-al-fiscal-el-supremo-ante-su-gran-decision.html" data-link-track-dtm="">el Tribunal Supremo de una gran oportunidad para restaurar la verdad de los hechos, y así, la credibilidad de la judicatura.
La vista ha sido clave porque las acusaciones no han aportado prueba alguna —ni dudosa ni indubitable— de que García Ortiz haya revelado por sí mismo ningún secreto; ni dado la orden de hacerlo a sus subordinados; ni instado, sugerido o aconsejado a nadie esa actuación. Una resolución sin pruebas de cargo es menos que un pollo sin cabeza. Anda poco. Quizá algunos pasos trémulos mal enhebrados sobre un rompecabezas de indicios solo curiosos en las novelas negras.
