La vista contra García Ortiz se abre con una durísima denuncia de la Abogacía del Estado por la actuación del Supremo
Alguien no avisado que se pasase este lunes por el Tribunal Supremo se encontraría con la insólita imagen de un juicio sin aparente acusado. Entre los solemnes muros de la Sala Segunda que acoge una de las vistas más sonadas de los últimos años, no había ni rastro de un banquillo físico. El encausado, vestido de toga igual que magistrados, fiscales y abogados, ocupaba una esquina del estrado, junto a su defensa. Y en esa misma fila, se alineaba el Ministerio Público, representado en primer lugar por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en la trinchera contraria a la que se le presupone. Así que sonó casi lógico el desliz del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, rápidamente corregido con una sonrisa:
—Por la defensa… perdón, por la Fiscalía.
Sánchez Conde, efectivamente, estaba allí no para acusar sino para defender al inquilino del banquillo imaginario, su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Todo resultó insólito en este primer día del primer juicio de la historia al máximo representante del Ministerio Público español. Una vista oral que culmina la mayor investigación practicada nunca por una de las decenas de filtraciones judiciales que se producen cada año. Insólitas las imágenes e insólitas las palabras. Como las acusaciones lanzadas por toda una abogada del Estado —exjefa además de ese cuerpo de letrados de la Administración—, Consuelo Castro, para denunciar que el Supremo, el máximo órgano judicial del país, ha instruido contra el fiscal general un proceso de “naturaleza inquisitorial y de carácter prospectivo”, en el que “se vulneraron derechos fundamentales”. Hasta el punto, según ella, de impedir al acusado ejercer su derecho a la defensa frente a la imputación de haber filtrado las comunicaciones entre la Fiscalía y el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que este admitía un fraude de 350.000 euros a Hacienda.
