Esta medida es esencial para que los afectados puedan recibir indemnizaciones ante la inacción de las administraciones. “Vamos muy tarde”
Los 4.000 vecinos de la barriada del Guadalquivir, en Coria del Río, llevan dos décadas expuestos a altos niveles de benceno, tolueno, eibenceno o xileno. En este tiempo, varios han desarrollado leucemia, otros padecen cefaleas, náuseas, mareo, desorientación, depresión e irritación respiratoria… Sin embargo, y pese a que varios informes del Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente advierten de que la inhalación de estos gases puede provocar este tipo de enfermedades, ellos no pueden probarlo desde un punto de vista médico. La razón: no existe un protocolo que permita a los profesionales sanitarios atribuir el desarrollo de este tipo de dolencias, la mayoría crónicas, al contacto con esos hidrocarburos tóxicos.
Este vacío, esencial para que los vecinos de la barriada puedan recibir una indemnización en el caso de que prospere el proceso penal que investiga el origen de la emanación de los gases y sus responsables, podría llenarse en breve. La Consejería andaluza de Salud se ha comprometido con la Asociación de vecinos afectados por los tóxicos a desarrollar ese protocolo sanitario de exposiciones medioambientales para implantarlo en el Hospital Virgen del Rocío, donde están siendo tratados más de un centenar de ellos. Un paso adelante del que la presidenta de los afectados, Rogelia Gómez, recela, porque lleva muchos años sobreponiéndose a las promesas esquivas y a las palabras vacuas de las administraciones. “Cuando se apruebe lo creeré. De todas maneras, vamos tarde. Ya hay mucha gente que no va a vivir para contarlo ni para verlo”.
