El Instituto de Medicina Legal de Andalucía ni siquiera ha designado a un forense para elaborarlos, denuncia la portavoz de los 4.000 afectados
Rogelia Gómez, la presidenta de la asociación de vecinos afectados por los tóxicos de Coria del Río (Sevilla), se ha desplazado a primera hora de este jueves a la Dirección del Instituto de Medicina Legal (IML) en Sevilla para que le confirmen si se les ha asignado a un forense que pueda valorar las enfermedades de los residentes de la barriada Guadalquivir que llevan dos décadas expuestos a altos niveles de gases contaminantes. “Nos han dicho que no han nombrado a ninguno todavía”, explica. Esta constatación resulta sorprendente, ya que el pasado 29 de octubre la jueza que instruye la causa dictó una providencia en la que instaba a este organismo dependiente de la Junta a que le informara sobre “el estado de los informes relativos a la valoración de las posibles lesiones sufridas” y le pedía que se finalizaran y se remitieran “a la mayor brevedad posible”, tal y como ha podido saber EL PAÍS. “¿Cómo se pueden pedir unos informes cuando aún no tenemos médico? Habrá que pedir el médico primero, ¿no?”, se pregunta Gómez, desesperada.
La fase de instrucción que investiga el origen de los tóxicos, circunscritos a los suelos de una gasolinera, según el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente incorporado a la causa a principios de este año, está a punto de finalizar, después de siete años. A la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria le falta por incorporar a la causa los informes médicos, unas revisiones que los vecinos llevan al menos un año reclamando en sede judicial, tal y como recuerda la abogada de los vecinos, Sara Domínguez. Es ahora cuando la jueza está presionando al IML, pero el caso es que desde que se presentó la denuncia en 2018, ningún forense ha analizado a ningún vecino.
