La consejera de Medio Ambiente está investigada en la instrucción de la contaminación. El estudio epidemiológico sigue sin concluir
Viernes 20 de febrero. En la calle Griego, en la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla), el aroma dulzón a gasolina se cuelga de la garganta y hace imposible respirar. Aunque Rogelia Gómez lleva dos décadas inhalando ese olor asfixiante, no se acostumbra. Pero, entre carraspeo y toses, hace el esfuerzo. Tres días antes había fallecido en esa vía un vecino de unos 50 años de infarto; edad similar y la misma causa por la que murió ese mismo día otra residente de una calle vecina, Brazo de la Torre. Un mes antes, lo hizo otro habitante de la calle Itálica, de edad parecida, del mismo barrio y también por el mismo motivo, que se suman a otros cuatro desde que comenzó el año, por parada cardiaca o por cáncer. Lo que parecería, en un principio, una anomalía preocupante, para los 4.000 vecinos del barrio del municipio sevillano se ha convertido en una lacerante rutina, que está siendo investigada tanto en la vía penal como en la administrativa, desde que en 2019 la Asociación de vecinos afectados por los tóxicos de Coria del Río, denunció en los tribunales la exposición continuada a la inhalación de agentes químicos proveniente de una gasolinera cercana, que sigue abierta. Han pasado 20 años y los padecimientos de los vecinos no conocen fin. Ni siquiera está concluido un informe epidemiológico. La Administración no acaba de resolver un problema que se eterniza.
