Lo que propone Feijóo va en contra de la ley, de lo que han hecho las comunidades del PP y de lo que sucede con cualquier prestación sanitaria
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un servicio dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud y, como en cualquier otro, no existen registros de profesionales dispuestos a prestarlo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto crearlos, en lugar del de objetores de conciencia. Esto no solo choca con la ley en vigor y con lo que sucede con la eutanasia, sino con lo que aprobaron y están haciendo la mayoría de las comunidades del PP.
“A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o le interesa saber cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?”, se ha preguntado Feijóo en una entrevista en Antena 3.
La respuesta es que los registros no son públicos. No son listas que las mujeres pueden consultar para saber qué médicos están dispuestos o no a atenderlas. Son documentos internos destinados a organizar los servicios hospitalarios, de forma que sea posible practicar abortos, algo muy minoritario en los de titularidad pública (tan solo suponen el 21%).
La creación del registro de objetores proviene de la reforma de la ley del aborto de 2023 y sus características están detalladas en un protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en diciembre de 2024, con el voto a favor de las comunidades del PP.
