La transición ecológica debe ser socialmente justa e incluir la protección de los sectores clave, pero no puede detenerse
Los grandes fabricantes europeos de automóviles han anunciado en las últimas semanas retrasos en sus objetivos de producción del coche eléctrico y han aplazado el lanzamiento de nuevos modelos (además de mantener opciones híbridas e incluso de combustión más allá de lo inicialmente previsto). Las automovilísticas lo justifican en unas ventas más bajas de lo planeado y en los numerosos obstáculos económicos, regulatorios y competitivos que afrontan.
Sin embargo, la apuesta por la electrificación del transporte es ahora tanto o más urgente que cuando la Comisión Europea anunció hace cuatro años el veto a los vehículos de combustión para 2035. El coche eléctrico es, hoy más si cabe, una necesidad medioambiental ante la que no se puede dar marcha atrás. Cierto es que quizás la Comisión se fijó unos objetivos cuya ambición exigía que todos los actores implicados remarán en el mismo sentido. No ha sido así. Por un lado, los incentivos, la fiscalidad y las infraestructuras no están armonizadas entre los países y el Ejecutivo comunitario; por otro, la creciente presencia de partidos que niegan el cambio climático en los distintos Parlamentos dificulta aún más la transición.
