Los referendos ilegales y el boicot a unas elecciones en el campus se penarán con esta cuantía. La pena de hasta 15.000 euros por colocar una pancarta se mantiene
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rectifica y rebaja la pena a los estudiantes por atentar contra la libertad de expresión de un millón de euros a 300.000 euros en el borrador de la ley de educación superior (LESUC) que prepara. Por contra, se mantiene la condena de hasta 15.000 euros por poner una pancarta o la “fal...
ta de decoro institucional” y hasta 100.000 por participar en escraches o manifestarse sin autorización (en realidad no hay que pedir permiso, es un derecho fundamental garantizado en la Constitución).
La descripción de las infracciones con la calificación de “muy grave” ya no es tan vaga como en la versión del borrador de junio. Entonces se afirmó que se penaría con hasta un millón de euros “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”. O que serán castigados los universitarios por “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario”. Ahora, el nuevo borrador de la norma es mucho más concreto. Se castigará con esa cuantía por “impedir o dificultar, por acción u omisión, los procesos electorales regulados por la ley en el campus universitario; así como permitir la celebración de referéndum ilegales”.
