La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en las universidades públicas de la región un nuevo campo de batalla político, a juzgar por el reciente borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) al que ha tenido acceso este periódico, y fechado el 29 de mayo. A la as...
fixia económica a la que somete a los seis campus madrileños, tal y como denuncian los rectores desde hace un año, se suma ahora un proyecto legislativo que entra de lleno en la autonomía universitaria. Lo más llamativo es el régimen sancionador, insólito por su severidad y por el potencial para restringir la independencia académica y para chocar con otras normas estatales. Incluye como infracciones “graves” los escraches o manifestarse sin autorización para impedir otra actividad. Este grado de faltas pueden ser castigadas con hasta 100.000 euros.
Entre las infracciones “muy graves”, vagamente enunciadas y que acarrearían multas de entre 100.000 y un millón de euros, hay conductas como “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”. Entre las faltas “leves”, hasta 15.000 euros por poner una pancarta no autorizada. Consultado por este diario, un portavoz de la consejería de Educación rechazó este lunes confirmar si de trata de la última versión del borrador.
