El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades considera “preocupante” y en posible colisión con las leyes nacionales el régimen sancionador que planea imponer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los campus y que se recoge en el borrador de su ley autonómica de educación superior (LESUC) hecho público este miércoles por EL PAÍS. “El ministerio no conoce oficialmente la propuesta de la Comunidad de Madrid, pero el borrador que se ha conocido hoy [este miércoles], a través de la prensa y al que ha hecho alusión directa el consejero [Emilio] Viciana, contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado”, explican fuentes del departamento. “Cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga público el texto, los servicios jurídicos del ministerio lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española”. En 2022 se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria que incluye un régimen sancionador para los estudiantes, y el Estatuto del Empleado Público (1986) hace lo propio con los trabajadores.
“El Gobierno de España, como ha defendido la ministra Diana Morant, va a proteger a la Universidad pública española, velando por que se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia. Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las universidades que por cómo financiarlas mejor”, prosiguen estas fuentes. En julio de 2024, cuando los rectores de las universidades públicas madrileñas alzaron la voz contra un primer boceto de ley madrileña, la ministra ya anunció que probablemente recurrirían la norma.
