La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido a las seis universidades públicas de la Comunidad en objetivo predilecto de su guerra ideológica contra todo lo que le parezca progresista o de izquierdas. A la asfixia económica que ha impuesto a los centros, que sus rectores llevan meses denunciando, pretende sumar ahora un severo régimen sancionador que lanza serias sombras sobre cómo concibe Ayuso las instituciones académicas, cuya generación de conocimiento resulta indisociable de la independencia y la libertad de pensamiento y crítica.
El borrador de la ley universitaria autonómica, adelantado por este diario, incluye una panoplia de infracciones tan amplia como de vaga formulación, con castigos hasta de un millón de euros. La desmesura evidente en las multas tiene como objetivo disuadir de protestas como escraches a conferenciantes o movilizaciones que afecten al desarrollo de las clases. Cualquier demócrata debe rechazar sin la menor excusa el acoso en la universidad, como el escrache que la propia Ayuso sufrió en la Complutense en enero de 2023. Pero el ámbito legal para su sanción no puede ser una ley de ordenación universitaria (para eso ya está el Código Penal), y la posibilidad de multar tales conductas con hasta 100.000 euros resulta a todas luces desproporcionado. Lo mismo que penar con 15.000 euros colgar una pancarta en el campus “sin la debida autorización”. No es un régimen disciplinario razonable para mantener las protestas en la universidad dentro de los límites del respeto, sino una intimidación para que esas protestas ni siquiera se produzcan, inspirada en lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
