Las universidades no deberán lograr solas el 30% de la financiación. Desaparecen las sanciones por “decoro institucional” y por impedir trabajar a la prensa pero siguen los 300.000 euros por atentado contra la libertad de expresión
Las universidades públicas madrileñas no estarán obligadas a lograr el 30% de sus fondos por sus medios y desaparecen las multas a los estudiantes por decoro institucional (hasta 15.000 euros) y impedimento del trabajo de la prensa (hasta 100.000) en el último borrador de la ley de educación superior (Lesuc), a la q...
ue ha accedido EL PAÍS. Con las concesiones ―hay más― el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trata de taponar una crisis encubierta, apaciguando a los alumnos y los rectores, que desde 2024 critican el proyecto por invadir su autonomía. Pero mientras el presupuesto no suba ― se necesitan 310 millones de euros más en su partida para llegar a los niveles de 2009 (cuando Madrid era más pobre), una vez descontada la inflación― parece imposible contentarles a todos.
Ayuso convocó a su última reunión con los rectores, hace 15 días (antes de la huelga), a su número dos, Miguel Ángel García Martín, y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR). Una muestra de la pérdida de poder del consejero de Educación, Emilio Viciana, administrador civil del Estado, que no tiene experiencia política ni educativa. Al frente las fuentes consultada ven a la diputada Mercedes Zarzalejo, premiada con el cargo de viceconsejera de Universidades este octubre, tras la comisión del ‘caso Begoña Gómez’.
