El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estudiará, cuando exista un texto definitivo, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid pues, a su juicio, “contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado” y se plantea recurrir. EL PAÍS ha consultado a cuatro expertos juristas y todos coinciden en su diagnóstico sobre un régimen sancionador que prevé multas desde hasta un millón de euros: es muy difuso y, sin duda, entra en terrenos competenciales que no son suyos y en principios constitucionales.
Gerardo Pérez, profesor en la Universidad de La Laguna (Tenerife), resume el juicio de los cuatro expertos consultados: “Desde el punto de vista competencial es discutible que lo que se propone en LESUC tenga cabida, tanto respecto de la normativa básica estatal establecida en la Ley de convivencia universitaria de 2022; tanto en lo que se refiere al régimen sancionador que tiene esta norma estatal, como en lo referente a los principios y valores que propugna. Igualmente, es discutible que el objetivo de la propuesta de la norma sea compatible con la autonomía universitaria consagrada en el artículo 27.10 de la Constitución”. Y en paralelo, Pérez cree que “pudiera existir problemas en lo referente a la duplicidad sancionadora en otras normas, como puede ser la Ley de Seguridad Ciudadana [más conocida como Ley mordaza]”.
