El Ejecutivo, enfrentado al ICAM por la condena al fiscal general, considera que se desvirtúa la docencia si se deja en manos de los gremios profesionales
El Gobierno interpuso el pasado lunes un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la orden firmada por Emilio Viciana, consejero regional de Educación, por la que se autoriza a que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) abra un centro adscrito a la Universidad Complutense. Es la primera vez que un colegio profesional imparte títulos oficiales en España. El Ministerio de Ciencia, que comanda el recurso a través de Abogacía del Estado, considera que “la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”, según ha podido saber este diario de fuentes del departamento.
Previsiblemente, el ministerio de Diana Morant hubiese puesto el recurso a esta adscripción si se hubiera abierto en cualquier otra comunidad, ya que abre un escenario inaudito en el país. Pero a nadie se le escapa el total enfrentamiento del Gobierno con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y desde hace unos meses también con el ICAM, que denunció al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
