Más de 6.000 personas han participado ya en una consulta simbólica con mobiliario prestado y el rechazo del rector
El borrador de ley universitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de octubre rebajó de un millón a 300.000 euros la pena por “impedir o dificultar, por acción u omisión, los procesos electorales regulados por la ley en el campus universitario; así como permitir la celebración de referéndums ilegales”. El anteproyecto del equipo de la Comunidad de Madrid conocido como Los Pocholos, que ya no gestionan la educación madrileña, se ha parado, pero con esa idea en mente la Plataforma UCM por la Pública ―conformada por trabajadores y estudiantes― simula este jueves un referéndum con el que quieren escenificar ante la opinión pública que siguen en la UCI.
El rectorado notificó que habrá tres años más de recortes, para devolver a Ayuso el préstamo de 34,5 millones (más cuatro en intereses) con los que se pagaron los sueldos de final de 2025. Y ya en 2030 el rector de turno podrá respirar. Y, si se lo permite el siguiente plan plurianual, tratará de poner en marcha nuevos proyectos. Ahora, funciona la tijera. El rector, Joaquín Goyache, lo confesó en el consejo de Gobierno, celebrado el 9 de marzo.
