Este artículo forma parte de la revista TintaLibre de septiembre.
Hay cosas que no deben pasar en una democracia y que, en realidad, son propias de repúblicas —o monarquías— bananeras. Cuando se consulta en la Web oficial del poder judicial del Reino Unido —que es la democracia moderna más antigua del mundo—, se lee que la expulsión de jueces de tribunales superiores es posible al amparo del Act of Settlement de 1701, uno de los textos esenciales de la llamada English Constitution, que fue actualizada por la Supreme Court Act de 1981. Para conseguir la expulsión, es necesario el acuerdo de las dos cámaras del Parlamento, que predisponen la decisión que al respecto debe emitir el rey. Pero a renglón seguido, el autor del texto de la Web afirma, con evidente orgullo, que esta posibilidad nunca ha sido utilizada.
En España tampoco ha sido imputado nunca —todavía— un magistrado del Tribunal Supremo, aunque sí ha ocurrido con dos magistrados del Tribunal Constitucional y ahora con el Fiscal General del Estado. Los dos primeros casos —uno por malos tratos y otro por conducción bajo los efectos del alcohol— acabaron, el uno, con una dimisión y archivo posterior de la causa por demencia sobrevenida, y el otro con una rapidísima dimisión y conformidad con la acusación que evitó al magistrado el juicio y le aseguró permanecer en la carrera judicial.
