Arde también otra España. Los incendios forestales y sus secuelas —junto a la dana, la quita en la deuda territorial y otras emergencias— están ocasionando una hoguera en las costuras del Estado autonómico.
Como en todo régimen federal (o casi), estas son claras: la convivencia de distintos niveles de gobernanza; los principios de subsidiariedad (proximidad) y coordinación (visión de conjunto), y el reparto de competencias. Engrasa el sistema la lealtad federal entre administraciones (respeto y colaboración), hacia arriba y hacia abajo.
La cuestión competencial es compleja: todos los días, en la UE. Y en los más añejos EE UU. Se dividen en exclusivas, compartidas y de acompañamiento. El grueso lo componen las compartidas. Terreno fértil para derivar las lógicas discrepancias a batallas campales. Y estériles (para la ciudadanía).
Usar los intersticios de indefinición o las zonas grises competenciales para erigir una dialéctica divisiva resulta nefasto para el sistema. Y para nosotros, sus usuarios y propietarios últimos. Pero es golosa estrategia partidista. Y sectaria (no todas ellas lo son).
Aprovechando la tendencia del Gobierno a frecuentar la vía directa del resultado inmediato (orillar pactos, excederse en el decretismo), la oposición conservadora maneja la complejidad competencial como palanca de oposición sin prisioneros. Esteriliza así el factor de la coordinación/colaboración/cooperación, clave en el sistema autonómico, pilar de la Constitución. La desnaturaliza.
