El sistema de financiaci�n de la Espa�a actual genera desigualdades territoriales.Una de las cuestiones fundamentales a la hora de analizar la pol�tica econ�mica de un pa�s es la distribuci�n de competencias entre los diversos niveles de sus administraciones p�blicas.En Espa�a, desde la divisi�n territorial de 1833, el sector p�blico consist�a en una administraci�n central, una estructura territorial provincial -de acuerdo con el modelo que se hab�a establecido en Francia unas d�cadas antes- y numerosas administraciones municipales. En la Segunda Rep�blica se inici� un proceso de dotar de autonom�a a un n�mero limitado de regiones - en concreto Catalu�a, el Pa�s Vasco y Galicia- a las que se permiti� tener estatutos que incrementaban su autogobierno. Pero, tras la guerra civil, estos estatutos auton�micos fueron derogados y se volvi� al sistema anterior.La Constituci�n de 1978 opt�, sin embargo, por dar competencias mucho m�s amplias a las regiones; y no solo a aquellas que hab�an planteado reivindicaciones nacionalistas, sino al conjunto del pa�s. Esta generalizaci�n del modelo auton�mico fue objeto de amplios debates en su momento. Para algunos de sus cr�ticos no ten�a sentido dar autonom�a a determinados territorios por dos posibles motivos. El primero, pol�tico, ya que se alegaba que no eran regiones que hubieran reclamado su singularidad en el pasado. Y el segundo, porque se consideraba que hab�a territorios demasiado peque�os para que la autonom�a resultara eficiente. Ninguno de estos dos argumentos es s�lido, sin embargo. Sustituir un sistema centralizado por otro cuasifederal, como el nuestro, poco tiene que ver con el hecho de que se considere que algunas regiones son "hist�ricas" y otras no. La decisi�n deber�a adoptarse, b�sicamente, con criterios de eficiencia econ�mica. Y en lo que al tama�o hace referencia, baste se�alar que en los Estados Unidos coexisten estados tan grandes como California, con otros con pocos habitantes. En concreto Wyoming tiene menos poblaci�n que Cantabria.El modelo dise�ado en la Constituci�n de 1978 ha convertido a Espa�a en uno de los pa�ses m�s descentralizados del mundo, por delante de numerosas naciones que utilizan en su ley fundamental el t�rmino "federal". En concreto, el gasto p�blico auton�mico supone en Espa�a en torno a la tercera parte del gasto p�blico total, porcentaje muy superior, por ejemplo, al de un pa�s federal como Alemania. Curiosamente este proceso de descentralizaci�n qued� truncado en lo que se refiere al gasto municipal, que en Espa�a supone aproximadamente el 12% del gasto p�blico total, uno de los porcentajes m�s bajos de los pa�ses europeos.Han transcurrido ya casi cincuenta a�os desde la aprobaci�n de la Constituci�n. Y tenemos datos y experiencias suficientes como para valorar los efectos de este proceso de descentralizaci�n. Las opiniones son muy diversas, y a veces antag�nicas. Peo creo que hay argumentos para defender el modelo y criticar, al mismo tiempo, algunos de sus aspectos concretos.Creo que, partiendo de una idea acertada, al redactarse la Constituci�n, se cometieron errores importantes. En lo que al gasto se refiere fue una equivocaci�n no haber determinado con mayor precisi�n las competencias de los gobiernos auton�micos frente al gobierno central. Esto ha sido la causa de largos debates sobre multitud de cuestiones espec�ficas; y de que, en no pocos casos, unas determinadas competencias se hayan atribuido a ciertas Comunidades Aut�nomas no porque se considerara eficiente hacerlo, sino a cambio de un apoyo pol�tico o parlamentario, a menudo en temas que nada ten�an que ver con tales competencias.Tampoco fue adecuado el tratamiento que se dio a los ingresos de las Comunidades Aut�nomas, ya que �stos tienen su origen principal en cesiones parciales de impuestos estatales, modelo que genera incentivos a un mayor gasto por las administraciones regionales, que no soportan plenamente el coste pol�tico de aumentar los impuestos necesarios para financiarlo. Adem�s, se perdi� la oportunidad de dise�ar un modelo basado en los principios del federalismo fiscal moderno, en los que no encajan, ciertamente, los sistemas de cupo de Navarra y del Pa�s Vasco que, adem�s de generar muchas distorsiones, crean una imagen de privilegios que, en el resto de Espa�a, mucha gente considera inaceptables.Pero la descentralizaci�n de la hacienda p�blica ha tenido, sin duda, muchos efectos positivos. Por una parte, ha permitido una relaci�n m�s estrecha de los votantes y los gobiernos regionales con el gasto p�blico; y, por otra, ha dado origen a una cierta competencia entre Comunidades, lo que constituye un elemento fundamental del federalismo fiscal.La idea norteamericana de "votar con los pies", es decir que las personas o empresas se trasladen al territorio donde encuentren una relaci�n gasto-ingreso p�blico m�s adecuada a sus preferencias ha funcionado tambi�n en Espa�a, favoreciendo no solo a los contribuyentes de las Comunidades de menor presi�n fiscal, sino tambi�n a quienes pagan impuestos en otras regiones, ya que sus gobiernos encuentran l�mites a subir los impuestos a causa de dicha competencia. Y esto es un logro que se deber�a mantener y no tratar de eliminar, como algunos de nuestros pol�ticos pretenden; a menudo al mismo tiempo que entonan loas al federalismo.Francisco Cabrillo es Catedr�tico Em�rito de Econom�a de la Universidad Complutense. Fundaci�n Civismo.