La crisis de incendios más grave de la historia reciente de España estalló con los gobiernos de Castilla y León y Galicia jactándose de contar con un dispositivo de extinción dotado al más alto nivel. El mejor “de todo el mundo”, presumía el día 13 el sustituto de la familia Baltar al frente de la Diputación de Ourense, el popular Luis Menor, cuando su provincia ya estaba en alerta máxima. Solo dos días después, con la ola de fuegos en Extremadura, estas comunidades del PP urgían al Gobierno central un potente refuerzo de medios mientras sus equipos sufrían imprevisión, descoordinación, parálisis y falta de personal y maquinaria, denuncian bomberos y agentes forestales. Miembros del despliegue en estos territorios relatan cómo se han enfrentado no solo a las llamas: también a carencias que llevan años denunciando.
Una escena resume la gestión de la Junta de Castilla y León en esta catástrofe sin precedentes: Losacio (Zamora), 12 de agosto. Una línea naranja amenaza el lugar donde comenzó el segundo y cuádruplemente mortal incendio de la Sierra de la Culebra en 2022. No hay bomberos autonómicos, solo vecinos voluntariosos y con algún sudor frío pese a los 35 grados. El pueblo se libró gracias solo a los refuerzos del Ayuntamiento de Zamora, al arrojo de una “cuadrilla pirata” que se tapaba los nombres para evitar represalias de la empresa, y especialmente al cambio de viento. Sin embargo, el incendio engulló Abejera, donde aún hay heridos hospitalizados.
