Simple y llanamente, la cuestión de confianza que el primer ministro François Bayrou plantea este próximo lunes en el seno de la Asamblea Nacional francesa equivale a poner su propia cabeza bajo la guillotina. Es un acto suicida de un Gobierno que, confrontado a la prueba de fuego que supone aprobar los presupuestos generales antes de fines de diciembre, ha tenido que rendirse a la evidencia: no lo conseguirá sin importantes concesiones a cambio.
El volumen de la deuda ha sido el pretexto utilizado por Bayrou para proponer, a comienzo de las vacaciones de verano, un primer recorte de al menos 44.000 millones de euros, pero negándose a gravar los beneficios de las grandes empresas y las fortunas más importantes del país. Es un presupuesto de austeridad que el primer ministro esgrime, además, como un dictado, exigiendo a la oposición aceptarlo sin rechistar. Esto significa, sin signos de rubor, imponer más dosis de injusticia fiscal y social, y cargar esta fórmula sin precedentes sobre las espaldas de las capas medias, los jubilados, los asalariados, suprimiendo incluso la cobertura de dos días no laborables.
La mayoría de las fuerzas políticas, desde Francia Insumisa hasta la extrema derecha, pasando por el Partido Socialista y los Verdes, se ha rebelado firmemente tanto contra este formato presupuestario austericida, como contra la actitud de soberbia del primer ministro minoritario en el Parlamento, que ha gobernado durante nueve meses gracias a la abstención cómplice de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y, en ocasiones, de los socialistas, en las no pocas mociones de censura presentadas contra su política.
