Han tenido que llegar los incendios más virulentos y arrasar más de 400.000 hectáreas para que se ponga sobre la mesa la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático que aborde tanto las políticas de mitigación —dirigidas a eliminar las causas de la crisis climática— como las de adaptación —las que buscan cómo adecuarnos a los cambios que ya se han producido—. Bienvenida sea la propuesta y ojalá ese acuerdo vea la luz, porque nos va la vida en ello. No insistiré en la necesidad de llevarlo a cabo, pues ya lo han hecho previamente en estas páginas el economista Antxon Olabe en su artículo sobre la “Gran Adaptación” y la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera llamando a apostar por la seguridad climática.
La crisis climática es el principal desafío al que se enfrenta hoy la humanidad, como insistentemente repite el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. España no sólo no es ajena a ello, sino que por su ubicación geográfica es especialmente vulnerable, como se comprueba tragedia tras tragedia: danas, olas de calor, incendios, sequías, y un largo etcétera. De ahí que si estos pactos de Estado son importantes en todos los países, en España lo sea todavía más.
