Pocas pérdidas duelen tanto como la de la confianza. En el amor, en el trabajo o en la política, su quiebra deja cicatrices profundas. El golpe suele venir de una traición, del derrumbe de expectativas compartidas. Cuando esa ruptura se produce por corrupción política —y más aún en ámbitos donde la ética se proclama bandera—, el daño es devastador.
Ante este desgarro, no basta con lamentar: la psicología social tiene propuestas para desterrar la corrupción de nuestras organizaciones. Hay que rehacer, con firmeza, los cimientos que hacen posible una sociedad justa. La socialdemocracia en particular y la sociedad en general no pueden rendirse a la corrupción como si fuera un mal inevitable. Con voluntad y persistencia podemos lograr una sociedad ética e intolerante ante las corruptelas empresariales y políticas.
El contexto organizacional influye poderosamente en controlar o fomentar la corrupción, incluso de forma inconsciente. Existen estudios que indican que las empresas o partidos políticos que dejan claras las normas injuntivas —es decir, lo que se espera que se haga desde un punto de vista ético— son mucho más eficaces que aquellas que solo muestran lo que “de hecho” se hace (normas descriptivas). Un ejemplo significativo es Nueva Zelanda, donde las normas de conducta en el sector público están explícitamente definidas, reforzadas institucionalmente y vinculadas a consecuencias reales. Esto ha permitido mantener niveles muy bajos de corrupción, según certifica la propia OCDE. En cambio, el caso de Italia en los años ochenta y noventa ilustra un fracaso claro con una actitud contraria: durante el periodo conocido como Tangentopolis (ciudad de los sobornos), la normalización social de las prácticas corruptas (bajo el lema così fan tutti, todos lo hacen) erosionó las normas éticas y facilitó redes clientelares estables.
