El conocimiento, a través de un informe de la UCO, de los casos de corrupción que afectan a dos exsecretarios de organización del PSOE ha generado no solo indignación y vergüenza entre sus militantes, sino angustia por la vuelta de la corrupción en un partido cuya llegada al poder en 2018 estuvo marcada con una promesa de regeneración para limpiar la corrupción “sistémica” del PP y sus gobiernos. A la vez que una crisis de credibilidad y de confianza de la ciudadanía en la democracia y en los políticos. La pregunta es qué hacer: cómo afrontar esta crisis de tan grandes proporciones.
Las derechas políticas y mediáticas, PP y Vox, tienen una respuesta fácil: pedir elecciones generales creyendo ver una oportunidad para llegar al Gobierno, aunque Alberto Núñez Feijóo, atenazado y bloqueado en los gritos e insultos, no se atreve a plantear una moción de censura por el temor no solo a que no prospere, sino a perder también el discurso, ante la evidencia de los múltiples casos de corrupción del PP y la hipocresía en sus comportamientos cuando se trata de los casos que les afectan.
Pero también sectores minoritarios del PSOE reclaman el adelanto electoral, para salvar, se dice, ayuntamientos y autonomías, aunque en mi opinión se trata de una contradicción insostenible. Que la oposición pida elecciones tiene su lógica; creen poder ganarlas y tener mayoría para gobernar. Incluso partidos más pequeños piensan que tendrían una posición mejor para influir en un futuro Gobierno. Pero ¿qué persiguen los dirigentes y cuadros socialistas que las reclaman? No que gobierne el PSOE, porque ya gobierna. Lo que quieren, explícita o implícitamente, es que el PSOE pierda las elecciones, que ganen las derechas y así echar a Pedro Sánchez del Gobierno y de la dirección del partido, a costa de un gobierno reaccionario PP-Vox y de los derechos de la mayoría social. Una posición rechazable: militantes de un partido que gobierna que quieren que deje de gobernar.
