La persona que se corrompe renuncia a la posibilidad más elevada que ha propiciado la cadena evolutiva: elegir conscientemente el bien cuando se tiene a mano el mal
Una de las características de la corrupción en nuestro país es su diagnóstico prevaleciente. Los análisis dominantes suelen atribuir esta plaga a factores institucionales: controles laxos, partitocracia, ineficaces mecanismos de supervisión y transparencia, etcétera....
Si bien es cierto que una arquitectura jurídica débil actúa como caldo de cultivo para las malas prácticas, centrar ahí la etiología del problema es, a mi juicio, un reduccionismo que impide ver la raíz del fenómeno. Por ello, he propuesto desde hace algún tiempo cambiar el foco del análisis; la pregunta correcta debería ser: ¿qué hace que tantas personas con importantes responsabilidades públicas traicionen con soberbia y descaro el pacto social? Se suele responder que es la falta de educación en valores. Pero si uno observa con atención los discursos éticos predominantes, constata un consenso generalizado en la ciudadanía y en la clase política en torno a los tres valores prosociales básicos para la convivencia democrática. La inmensa mayoría de nuestra sociedad y de nuestros líderes asume que: 1. Está mal aprovecharse de una posición de poder para beneficio propio; 2. Todos debemos respetar, por igual, la ley; y 3. Los responsables públicos deben trabajar únicamente por el bien común.
