Hay numerosos estudios que miden los niveles de satisfacción de los ciudadanos con las instituciones públicas, sirviéndose de determinados indicadores. Uno de los más destacados es la valoración de la integridad de los servidores públicos. Estos niveles de satisfacción miden la calidad de nuestra convivencia democrática como expresión de la voluntad del pueblo español, según proclama el preámbulo de la Constitución. Esa voluntad se expresa electoralmente. Cuanta mayor sea la satisfacción, mayor será la confianza, mayor el afecto a los respectivos ideales, símbolos y líderes, y, finalmente, la fidelidad electoral.
Correlativamente, decaen los afectos, la confianza y la fidelidad electoral, si decae la satisfacción valorada según aquellos indicadores. Si la insatisfacción deriva de la percepción de falta de integridad, se produce una repulsión, un reproche ético y cívico, una pérdida instantánea y total de la confianza, desde el mismo momento en que surge la noticia de la corrupción. Este reproche no es solamente institucional. Es tan personal como el afecto y la fidelidad antes otorgados y después perdidos al sentirse defraudados o traicionados.
Pero el reproche no es necesariamente duradero, sincero ni unánime. Por ejemplo, fueron memorables las imágenes de auténtico llanto de algunos fieles al conocer la confesión de Jordi Pujol aquel 25 de julio de 2014. Se sintieron engañados los mismos que hasta entonces habían creído que su ídolo había sido víctima de lo que él calificó como “una jugada indigna”, aunque parece que aquellas lágrimas no duraron mucho.
