Seis millones de personas sufren pobreza alimentaria en España, según el último informe de la Universidad de Barcelona publicado en 2022, mientras que se tiran más de 1.125 millones de kilos de comida al año. Esta contradicción es uno de los motivos que llevó al Gobierno a elaborar la ley de desperdicio alimentario, que se publicó en abril. La norma recoge las medidas para evitar que los alimentos aptos para el consumo terminen en la basura, que van desde su aprovechamiento para elaborar otros productos hasta el reciclaje para compostaje. Además, algunas empresas estarán obligadas a diseñar planes de prevención y promover la donación de la comida que se vaya a tirar y quienes no cumplan serán sancionadas con hasta 500.000 euros. Estas iniciativas, tal y como recoge la ley, tienen como objetivo reducir a la mitad el despilfarro de comida en 2030, que actualmente es de 23,59 kilos al año por persona. El foco está puesto en las familias, responsables del 33,7% de los desechos en España.
La norma alberga buenos propósitos pero también tiene lagunas, según señalan algunos expertos consultados en derecho y alimentación. Aseguran que muchas empresas no tienen obligación de asumir los compromisos que detalla la norma, lo que desvirtúa su gran objetivo, y adolece de falta concreción para desarrollar los planes de prevención.
