Cada español desperdicia 23,6 kilos de alimentos al año, señala el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien corrige a todo aquel que redondea esta cifra al alza: “Es mucho, pero hemos avanzado”. Para acelerar la reducción del despilfarro, el político valenciano de 72 años negoció y ahora aplica la Ley de Prevención de Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, en vigor desde el pasado abril. La norma obliga a las grandes empresas a tener planes de prevención frente a las pérdidas y a donar a entidades sociales los alimentos próximos a caducar, pero no exige nada a las pequeñas compañías (un 80% del sector agroalimentario) ni a las familias, que generan el 33,7% del desperdicio, según datos de la Comisión Europea. Planas insiste en que, para los hogares, la ley tiene sobre todo un “valor pedagógico” y va acompañada de campañas de concienciación.
Pregunta. ¿Hasta qué punto la nueva ley puede ser un instrumento útil en el combate al desperdicio?
Respuesta. La ley es un instrumento para disminuir la cantidad de alimentos que no se consumen y que acaban siendo desperdiciados. Para eso, define que los sectores profesionales, que son la producción, la industria, la distribución y la restauración, tendrán que presentar planes para conservar sus productos y para venderlos al final de su vida útil o entregarlos a bancos de alimentos. Para las familias, la ley es fundamentalmente pedagógica. La tarea es concienciarlas por medio de nuestras campañas de información, como aquella que dice: “Aquí no se tira nada”. Este me parece un lema perfecto.
